La deriva autoritaria de Putin

Malas noticias de la Rusia actual. El Parlamento ruso debate una ley para -dicen- luchar contra el ‘extremismo’. Pero la cruda realidad es que, según algunos corresponsales extranjeros, el texto propuesto propicia una confusión sobre ese concepto, politiza el Código Penal y lo convierte en un arma represiva para ser utilizada contra disidentes y opositores. En abril, Putin ya se pronunció por endurecer las ‘medidas contra el extremismo’.

El extremismo, en cualquier idioma, es un concepto demasiado amplio, poco definido y relativo; es decir lo ‘extremista’ sólolo es en relación con algo o alguien. No es un concepto nítido ni claro. Un concepto apenas válido para charlas de café, pero no desde luego para un texto legal, que ha de ser preciso, muy preciso. La precisión del Código Penal cuando tipifica los delitos es uno de los logros de la revolución democrática del siglo XIX y del respeto a los derechos humanos.
Según la ley que se elabora en Moscú, en ese difuso concepto de ‘extremismo’ caben los que "calumnien públicamente" a las autoridades y los que "humillen el honor nacional". Calumniar es atribuir un delito a alguien sin que lo haya cometido ni haya siquiera indicios del hecho, y eso ya lo castiga cualquier Código Penal civilizado. Ergo, la nueva ley tiene alguna intención oculta.

La ley contra el ‘extremismo’ también prevé sanciones contra personas jurídicas (por ejemplo empresas editoras) que difundan de "forma masiva" materiales calificados de extremistas, sin que se explique qué se considera difusión "masiva" ni tampoco qué se considerará ‘extremista’. El diputado Guennadi Gudkov, del Comité de Seguridad de la Duma, del grupo parlamentario Rusia Justa, ha calificado el documento de "atavismo soviético. Según Gudkov, el concepto de "extremismo" queda muy confuso, y la expresión de odio a grupos sociales (que la ley castiga) puede incluir las críticas contra los poderosos o altos funcionarios del Estado; críticas que podrán ser castigadas con penas de cárcel de tres a siete años. Algo que, sinceramente, huele mal; huele a la URSS de los años duros.
"Si esta ley entra en vigor –ha dicho Gudkov -, volveremos a la época de la URSS anterior a 1937, cuando había listas de libros ideológicamente nocivos. Y se creará un banco de datos con una lista de publicaciones y obras que se consideren extremistas”. Sí, definitivamente, huele mal.
Según Gudkov, esta ley es un paso más para configurar un sistema de justicia que beneficie a Putin y su política. Y, por supuesto, para amordazar a quienes se le opongan, porque quienes sean acusados y sancionados por ‘extremismo’, no podrán presentarse a ninguna elección política. ¡Qué oportuno y conveniente!

Tenemos tres nombres para designar los regímenes autocráticos habituales por excelencia; es decir, antidemocráticos hasta las cachas: fascismo, nazismo y estalinismo. Y ¿saben una cosa?, todo eso que orquesta el señor Vladimir Putin y sus leales y corifeos, en nombre de la Madre Rusia, por supuesto (¡faltaría más!), aunque con algún maquillaje (no demasiado sutil), tiene un nombre: fascismo.
Llevo tiempo siguiendo las andanzas del señor Putin, para el que abrí un archivo especial hace unos años. Y desde entonces todo va en la deriva indicada hacia la autocracia. No llega al genocidio y crueldad estalinistas, por supuesto, ni tiene la repugnante componente racista del nazismo, pero autocracia es. No les quepa duda.
A fin de cuentas, ¿de dónde viene Putin? Del KGB, la policía política y servicio de espionaje y contraespionaje de la justamente denostada URSS.