Paraísos fiscales, banca y terrorismo

El diario The New York Times publicó, cinco semanas después de los feroces atentados del 11-S, que se sabía que los terroristas “habían dejado un amplio rastro de papel de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y transferencias de dinero, mostrando que utilizaban el sistema bancario sin filtros”. En plata. Los terroristas organizados no tienen demasiadas dificultades para mover el dinero necesario para su actividad.
Sin embargo, los medios de comunicación (esos que ponen el grito en el cielo tras los atentados terroristas) evitan profundizar en la cuestión de la financiación de los grupos terroristas. Y sin financiación, no hay terrorismo. ¿Entonces? Seguir en serio la pista a la financiación del terrorismo supondría poner en cuestión la absoluta libertad sin control de la banca transnacional.
La cruda realidad es que los movimientos financieros internacionales son anónimos, porque el actual sistema económico neoliberal así lo quiere.
Los miles de millones de dólares que van de un lugar a otro por vía telemática (Internet, telefonía celular e informática) carecen de nada que los identifique y pueden proceder de la droga, del tráfico ilegal de armas, de la trata de personas o del terrorismo organizado, de los bancos y grandes corporaciones o de las remesas de emigrantes. Por eso es una falacia y una torpeza que, para apuntarse ridículos éxitos, se considere dinero terrorista sólo al ligado claramente a una organización así catalogada.
Lo real es que el dinero dedicado al terrorismo proviene de cualquier banco o entidad y su destino final puede ser, por ejemplo, un grupo salafista marroquí instalado en España, pasando en algún momento, eso sí, por algún paraíso fiscal, donde se borrarán todas las huellas que permitan seguir el rastro al dinero.
Para simular que se combate al terrorismo en el mundo de los movimientos financieros, a finales de 2001 se elaboró una lista de 162 entidades o grupos, ligados a la actividad terrorista de modo inequívoco. Pero no se incluyó ni un solo paraíso fiscal, aunque son colaboradores necesarios (imprescindibles) para que los terroristas, grandes narcotraficantes, tratantes de blancas y un largo etcétera de canallas y sinvergüenzas muevan sus dineros con tranquilidad y seguridad.
En los paraísos fiscales no se pide la identificación del verdadero titular y el dueño del dinero, por vía telemática, desde Aruba, Gibraltar, isla de Man en el Canal de la Mancha, Mónaco u otro paraíso fiscal, lo envía donde quiera con el máximo secreto, porque el secreto es la razón de ser de los ruines paraísos fiscales. Sepan que por medio de la sociedad, conocida por sus siglas en inglés SWIFT, cada día se realizan millones de transacciones financieras sin ningún control de ningún tipo de ningún estado ni autoridad internacional. En el 2001, el G-7 expresó en una declaración oficial la necesidad de mejorar la supervisión de los centros financieros extraterritoriales u offshore (o sea, los paraísos fiscales). Bienintencionadas y cortas palabras, porque sólo se pidió “mejorar la supervisión”, pero no acabar con las indecentes prácticas muy perjudiciales (salvo para la minoría beneficiaria) de los paraísos fiscales. Sin embargo, a pesar de la modestia de las aspiraciones, el Departamento del Tesoro de EEUU tuvo en 2002 muchas dificultades para congelar algunos activos financieros de la familia Bin Laden en el mini-estado de Liechtenstein.
Cualquier política antiterrorista global que pretenda combatir a los grupos que proclaman y practican la guerra santa quedará coja (o peor) si no se ataca la financiación del terrorismo. Y no será posible mientras continúen vigentes los sacrosantos dogmas de la banca internacional: el secreto y la falta de control de los movimientos financieros. Amén.