¿Defender derechos atropellando derechos?

Toni Blair da un pasito más para vaciar la democracia como sistema de derechos humanos. Ahora pretende que todos los funcionarios públicos (municipales, médicos de sanidad pública, funcionarios de Cultura, Medio Ambiente, Agricultura…) se conviertan en soplones, en chivatos de la policía. Lo pretende su ministro del Interior, pero como si lo hubiera dicho él: es el Primer Ministro. Un documento filtrado ordena a los funcionarios facilitar información sobre personas que crean que podrían cometer delitos violentos. Así, sin anestesia. Los funcionarios estarán obligados a avisar a la policía si creen que alguien podría llegar a cometer un delito. Tremendo.
Un alto funcionario ha confesado anónimamente a The Times que con tal plan, datos personales, íntimos (incluido historial médico o mental de muchos ciudadanos), irán a a la policía o agencias gubernamentales, aún sin prueba alguna de nada. Cómo se comporte un individuo (sin ser delito ni falta), que tenga un mal carácter del diablo, por ejemplo, podría ser denunciado a la policía. Incluso quieren crear una agencia encargada de quienes podrían ser delincuentes. Increíble.
Tal vez nadie le haya explicado a Blair y a sus ministros que la democracia no solo consiste en votar cada cuatro años. Es muy importante, pero también lo es el respeto indiscutible a los derechos de los ciudadanos. Y el derecho a la presunción de inocencia o a la intimidad, por ejemplo, forman parte de esos derechos intocables. Un delito sólo existe cuando se ha cometido, y un ciudadano sólo puede ser detenido, juzgado y condenado a partir de indicios racionales y con una serie de garantías de respeto de sus derechos.
Si, como denuncia la organización británica de defensa de derechos civiles Liberty, Blair y este Partido Laborista pretenden una “sociedad sin riesgo alguno”, van de cráneo, porque el resultado de sus veleidades no es una sociedad sin riesgo de delitos violentos sino una sociedad fascista, en la que todos se chivan de todos, y donde la violencia está garantizada desde arriba.
A quiénes crean que este escribidor es ingenuo y que hay que tomar tales medidas frente a violencia y delito potenciales, les sugiero que se pongan en la piel de quienes han sufrido abusos del Estado. Como, por ejemplo, aquel muchacho brasileño, al que seguían sin razón solida, y fue cosido a tiros por agentes de Scotland Yard (tras los terribles atentados del metro de Londres), sin razón alguna, sin siquiera haber hecho un gesto sospechoso, como la investigación posterior demostró. En democracia, hay que vigilar a los vigilantes, no se les puede dar patente de corso.
Otrosí, este escribidor les pide que recuerden qué ocurría en los regímenes de Hitler, Mussolini, Stalin, Franco o Salazar, que teóricamente eran regimenes seguros a base de garrotazo y tente tieso, pero que, a pesar de su constante violación de los derechos humanos, no erradicaron los delitos violentos (ni Franco tampoco el terrorismo).
Esperemos que esos mastuerzos de gobernantes comprendan dos cosas: Una, que no son propietarios del poder político, sólo representantes ejecutivos de quienes sí son los dueños, los ciudadanos, y no pueden hacer lo que se les antoje. Y dos, los problemas graves (delito violento, terrorismo), además de cautelas elementales (respetuosas de los derechos humanos), se resuelven atacando las raíces y las causas de los problemas.