Capacidad de corrupción

Ustedes pueden averiguar por la prensa, Internet o TV que en Tijuana, la República de México está en pie de guerra contra el crimen organizado. El Gobierno ha decidido atacar de frente a los delincuentes que funcionan a su aire como empresa de narcotráfico, asesinato, extorsión y otros delitos graves. Hay un dato sorprendente… y esclarecedor. Más de 3.000 soldados, así como policías de otros lugares que no son de la citada ciudad, ha enviado el gobierno federal a Tijuana y lo primero que han hecho ha sido desarmar por sorpresa a los 2.000 policías de la ciudad. El más lerdo deduce que la policía de esa ciudad mexicana está ampliamente corrompida, de ahí el desarme colectivo. ¿Y cómo es posible? Porque el crimen organizado en México y en otros lugares del mundo, gracias a una enorme estupidez colectiva tiene una capacidad de corrupción inimaginable, porque sus ilícitas ganancias son inmensas. No se impacienten que ya me explico, mejor, haré que les informen los dos mil jueces y magistrados europeos que unos años atrás elaboraron un informe sobre el crimen organizado. Ese informe denunciaba las complicidades y miradas hacia otro lado del sistema financiero legal mundial, pero a este escribidor de ese informe le interesa resaltar un dato. Decía el informe que “podemos decir, sin miedo a equivocarnos que la cifra de negocios a escala mundial del dinero proveniente de actividades ilícitas de las distintas organizaciones criminales, lo que podríamos denominar el Producto Criminal Bruto (PCB), no es inferior a 800.000 millones de dólares”. Pues bien, eso se escribió hace unos cuatro años y la cifra no sólo no se ha reducido sino que se ha incrementado. Fíjense bien: ¡800.000 millones de dólares! ¿Cómo es posible? Recurriré a la Historia reciente de la nación más poderosa del planeta para contárselo.

En los EEUU de América, la fuerza de las asociaciones de templanza (numerosas y poderosas en esa tierra), entidades puritanas que abogaban por la abstinencia total de alcohol, consiguió que el 18 de enero de 1920 se añadiera a la Constitución de esa nación la Enmienda número XVIII que prohibía la elaboración y venta de bebidas alcohólicas. En 1933 se añadía la Enmienda número XIX que derogaba la anterior, conocida como Ley Seca, con un balance que el propio Senado de los Estados Unidos, en el preámbulo de la nueva enmienda reparadora, indicaba que la dicha Ley Seca sólo había cosechado “abrumadora corrupción, injusticia, hipocresía, creación de grandes cantidades de nuevos delincuentes y la fundación del crimen organizado”. Curiosamente, mientras se tramitaba la Enmienda XIX, que derogaba la XVIII o Ley Seca, se reunieron los jefes de las principales organizaciones de delincuentes de todo el país, que además de acordar una política de coexistencia pacífica con un consejo supremo para dirimir diferencias, también eligieron traficar con heroína (recientemente prohibida en EEUU por nueva presión de los puritanos, aunque esta vez no por medio de una enmienda constitucional) puesto que ya no podían hacerlo con el alcohol. Como dijo el jefe de la mafia gangsteril de origen judío, A. Rothstein, la nueva prohibición iba a salvarlos de la ruina económica nefasta que les causaba la derogación de la prohibición del alcohol. Porque esas absurdas prohibiciones, a quienes benefician de verdad es a los criminales.

Pues bien, más o menos unos treinta años después, primero un presidente mentiroso (Nixon) y sobre todo otro ultra conservador (Reagan), convirtieron lo que era prohibición de sustancias llamadas drogas en una guerra, en una cruzada mundial. Y justo a partir de ahí, las drogas (sobre todo la cocaína) se convirtieron en un negocio rentabílisimo que procuraba a los ilegales que lo ejercían unos beneficios inconmensurables. De esa enormidad de beneficios nace la gran capacidad corruptora del crimen organizado. No hay que olvidar que la Economía Criminal Global (acertada terminología que designa al crimen organizado y creo hay que atribuir al sociólogo Manuel Castells), en realidad funciona con presupuestos como la economía legal y, al igual que las empresas legales dedican partidas a publicidad o relaciones públicas, los mafiosos calculan partidas presupuestarias de sobornos o chantajes como dinero a invertir necesariamente que redunda en el beneficio final.

La primera consecuencia de que la elaboración y venta de drogas (sobre todo la cocaína) produzca unos beneficios de vértigo es la capacidad de corrupción que tienen los delincuentes dedicados a tales negocios. El que fuera presidente del Consejo General de la Abogacía de España, Antonio Pedrol Rius, fallecido hacia finales de los ochenta, escribió algún tiempo antes de su muerte que “la guerra contra los narcotraficantes, tal y como se lleva por los caminos de la represión policial y judicial, se está perdiendo. Se lucha contra un monstruo económico que mueve al año cientos de millones de dólares y utiliza la corrupción. La única alternativa válida es darles la batalla en el campo económico. Vengo proponiendo reiteradamente que se declare la droga comercio del Estado. Se podrá comprar, pero se deberá adquirir al Estado. Si se vende a riguroso precio de coste, la competencia del narcotraficante, que vende a cien lo que le cuesta a uno, será ruinosa. El estado, evidentemente, no se dedicaría a adulterar la droga con lo que desaparecerían las muertes por este motivo. Si el Estado vendiera la droga al precio que la compra, la papelina tendría un precio irrisorio y se devolvería la tranquilidad a los ciudadanos”.

Quien esto escribía era un prestigioso jurista, políticamente conservador, pero lúcido sin lugar a dudas, aunque se quedó corto respecto a la cantidad que mueve le narcotráfico porque no eran cientos sino miles de millones de dólares. Porque el mundo no aprendió en los ochenta la lección que tan sabiamente recordaba Pedrol Rius, y que otros muchos habían reivindicado, actualmente un regimiento de soldados y policías foráneos han de desarmar a la policía de Tijuana, porque la capacidad corruptora del narcotráfico es inmensa, pero, como señalaba don Antonio, si la cocaína la controlara el Estado, los estados, se acabó el negocio. ¿Y los efectos dañinos de las drogas? ¿No le importan a usted?, tal vez vocifere algún puritano. Claro que me importan y mucho, pero no son inevitables. Información, educación y prevención constituyen el camino, pero ciertamente no la prohibición y penalización que, setenta años después, ha demostrado su palmaria ineficacia. Sólo les diré tres cosas más. La famosa Ley Seca, que según el Senado de los Estados Unidos sirvió entre otras cosas para la “creación de grandes cantidades de nuevos delincuentes y la fundación del crimen organizado” no logró que disminuyera ni siquiera de forma testimonial el consumo de bebidas alcohólicas. La segunda cosa que les quiero decir es que la reciente ley en España que limita o evita el consumo de tabaco en ciertos lugares en un año ha conseguido una reducción del seis o siete por ciento de fumadores, pero no se ha declarado el tabaco droga prohibida como algunos majaderos pretendían. La solución penal raramente es solución, aunque en ocasiones sea inevitable. Y la tercera es que, a pesar de los medios enormes que los estados ponen contra el narcotráfico, éste hoy goza de una salud envidiable, corrompiendo no sólo policías sino estados.

Y una nota al margen. A este escribidor no le gustan ni un tanto así las dichosas drogas; dejó de fumar hace muchos años, bebe vino con moderación en las comidas (o cava algunos domingos), jamás bebe si ha de conducir y, en cuanto a licores diversos, cuanto más liba un chupito de ron con un poco de zumo de limón después de comer algún fin de semana que otro. No le gustan nada las drogas ni las consume ni las ha consumido ni las piensa consumir. Pero es partidario de la despenalización de todas las drogas por las mismas razones que aducía Pedrol Rius y que adujo el Senado estadounidense en el preámbulo de la derogación de la Ley Seca

¿Saben quiénes reaccionaron con violencia cuando el gobierno de Andalucía propuso dispensar heroína gratuitamente y con control médico a adictos de muchos años? Los delincuentes que se dedicaban a la venta de heroína, porque cualquier tipo de despenalización, o si lo prefieren de legalización de drogas, es el fin de ese negocio de los delincuentes organizados, como sabiamente escribía Pedrol Rius. La despenalización de las llamadas drogas no la pidió sólo el señor Pedrol, también lo hizo “The Economist”, diario conservador donde los haya. O lo aconsejaron en 1988 cinco psicólogos y sociólogos, asesores del Plan Nacional contra las Drogas de España, en un informe. O la pidieron en carta colectiva a la ONU en mayo de 1998 nada menos que 630 filósofos, escritores, políticos y de otras profesiones de 26 países, entre los que destacan un centenar de jueces y juristas, 8 premios Nobel, financieros globales y catedráticos. ¿Por qué lo harían?

Pero mientras los gobiernos del mundo se convencen unos a otros de que la cruzada contra las drogas está venciendo, y los "zares" anti droga (altos funcionarios de todo el mundo dedicados a la lucha contra las drogas) disfrutan de elevadísimos presupuestos que les dan un poder que jamás imaginaron, los narcotraficantes se ríen del mundo, sacrifican a unos cuantos peones y algún que otro mando intermedio (que son los que van a parar a las cárceles) y ellos continúan tan ricamente con su fabuloso negocio de elaboración, distribución y venta de sustancias declaradas ilegales que tan cuantiosos beneficios les produce y les permite corromper al sursum corda, codearse con lo más granado de las clases altas del mundo e incluso formar parte de las mismas. Amén.