Hacernos oír

Ahora, tras las cansinas fiestas navideñas, oiremos hablar mucho de una ley que se ha dado en llamar "de la memoria histórica". En teoría, tal ley reivindica los derechos de las víctimas de la feroz represión franquista durante la guerra civil y en la larga y terrible posguerra, y pretende poner las cosas en su sitio. Pero desde foros y entidades que no son ni tienen que ver con el partido del gobierno (y menos aún con el primer partido de la oposición al que le parece demasiado atrevida la propuesta de ley gubernamental) se denuncia que ese proyecto de ley impide la posibilidad de revisar los ilegítimos consejos de guerra sumarísimos que condenaron a tantos republicanos por el hecho de serlo, kafkiana y perversamente condenados por 'adhesión a la rebelión', que no fue otra cosa que defensa de la República legítima. La revisión y posterior anulación de juicios políticos franquistas busca reivindicar la dignidad y la inocencia de los que pasaron por el suplicio de esas farsas de venganza y terror calculado disfrazadas de juicio.

Vaya por delante que, en este recordar las atrocidades franquistas, este escribidor no niega las inaceptables violencias cometidas en territorio republicano y añade que nada justifica esas atrocidades cometidas en la República (no siempre por grupos incontrolados) y afirma con convicción que nada justificaba matar a inocentes, crímenes absolutamente condenables. Nada. Pero el reconocimiento de esos crímenes cometidos en la República no debe confundirse con la igualación de culpas de unos y otros. Unos reaccionaron desproporcionada e injustamente y de modo feroz ante una ilegítima y criminal rebelión. Otros, los rebeldes facciosos que desencadenaron la guerra civil, practicaron la venganza sistemática y la táctica de destrucción y “tierra quemada!” en las zonas que las tropas franquistas conquistaban. Hicieron buena la máxima de películas del Oeste Salvaje de años después según la cual el mejor indio era el indio muerto, pero Franco y sus cómplices sicarios sustituyeron indio por republicano.

El proyecto de ley mentado evita (¿prohibe?) que el Estado se haga cargo de hacer pública le verdad sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos de los republicanos perseguidos, represaliados y fusilados, así como la identidad de los responsables concretos de la represión y las atrocidades. Tal escamoteo de la verdad dice apoyarse, en el preámbulo del proyecto legal, en "el espíritu de la Transición” que según sus redactores “da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que los españoles hayamos disfrutado nunca”. ¡Bendita transición que nos hace comulgar con ruedas de molino una y otra vez! Déjenme ahora que dé voz a una organización que desde hace décadas defiende los derechos humanos de unos y otros a capa y espada, de tal modo que recibe críticas y palos de derecha e izquierda, señal inequívoca de que pone el dedo en la llaga: Amnistía Internacional.

Ante la idílica y seráfica referencia citada sobre la transición, Amnistía Internacional (que ha analizado a fondo el citado proyecto de ley) recuerda al Gobierno y al Parlamento españoles que un Estado no puede pasarse por el arco de triunfo los convenios y leyes internacionales sobre derechos humanos que ha firmado y ratificado. Como tampoco puede saldar los delitos muy graves (como los perpetrados durante la conquista franquista de los territorios de la República y en la posguerra) en aras del olvido y menos aún del perdón, ni mantener oculta la identidad de los responsables de los crímenes franquistas, gravísimas violaciones de los derechos humanos de las víctimas. En plata, Amnistía recuerda que un Estado, que presume de estar integrado en las instituciones internacionales, no puede hacer de su capa un sayo y hacer lo que le de la gana en el territorio nacional en cuestión de derechos humanos, porque los tratados internacionales obligan.

Para rematar la faena, les reproduzco unas líneas escritas por el magistrado emérito del Tribunal Supremo don José Antonio Martín Pallín (que sabrá de leyes, digo yo): “En esta España marcada por cuarenta años de franquismo, sólo cabe descubrir a los muertos y enterrarlos de nuevo. Recuperar la dignidad que les llevó a oponerse a la barbarie de un golpe militar no merece el esfuerzo de aplicar las normas del derecho internacional sobre derechos humanos. Los redactores del texto del proyecto de la ley, conocida simplificadamente como “de la memoria histórica”, no han leído, con rigor jurídico, ni las leyes alemanas de desnazificación, ni la doctrina del Tribunal Supremo estadounidense cuando ha llegado a sus manos el primer caso de los zombies vestidos de naranja que deambulan por Guantánamo. Negarse a la anulación de los Consejos de Guerra sumarísimos, con el pretexto leguleyo de que afectaría a la seguridad jurídica o manipularía la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de los derechos fundamentales, llena de perplejidad a muchos juristas. La vergonzante propuesta de ley cuya tramitación se inicia, llega hasta el extremo insólito de vedar la publicación de los nombres de las personas que han intervenido en la comisión de hechos que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado como crímenes contra la humanidad”.

Y para que no quepa duda sobre la legitimidad y legalidad internacional a la que se refiere el magistrado -y, modestamente, este escribidor- les recuerdo que la Resolución 39 (I) de Naciones Unidas, adoptada por unanimidad de la Asamblea General el 9 de febrero de 1946, acordó que el régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español y no lo representaba. Y, de acuerdo con los Principios de la propia ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hoy, de acuerdo con la Resolución 1996/119 de 2 de octubre de 1997, en España siguen sin cumplirse el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación de las víctimas y familiares de la represión franquista.

¿Por qué será que los socialistas siempre decepcionan? ¿Son cortos de miras? ¿Se asustan de sus propósitos iniciales? ¿El ejercicio del poder les provoca astigmatismo y miopía agudos que les impiden ver la realidad? Este escribidor salió a celebrar la rotunda victoria electoral del PSOE dirigido por Felipe González el 28 de octubre de 1982, creído de que se iniciaba una época de democratización profunda y de justicia social. Y sí, algo se hizo durante algunos años, pero, amigo, bastó que Felipe estuviera a punto de perder el referéndum que debía decidir si España ingresaba o no en la OTAN (por una intensa y entusiasta campaña unitaria ciudadana que propugnó el 'no') para que se iniciará desde el gobierno 'felipista' un retroceso patente y palmario. No digo que Rodríguez Zapatero sea como Felipe González, pero empieza a haber síntomas preocupantes de una recaída astigmática y miope. Lo malo es que la alternativa es mucho peor: recuerden los años de gobierno de Aznar, sobre todo los cuatro últimos, cuando tuvo mayoría absoluta. ¡Horroroso!

¿Qué podemos hacer los ciudadanos, auténticos depositarios del poder político? Tal vez echarle agallas, buscar nuevas formas de organización ciudadana y hacernos oír. Estaría bien.